El Editorial del martes 6 de octubre, titulado “ESCANDALOSO CHOQUE DE OSCUROS INTERESES EN LA POLICIA NACIONAL”, amén de aplicar más azotes a la ya golpeada y debilitada Policía Nacional, refleja una lamentable y lacerante realidad que afecta a todos los paraguayos que anhelamos vivir seguros.
La situación que atraviesa la institución guardiana del orden público preocupa a todos los paraguayos de bien, pero más aún a quienes conocemos profundamente su interior y tenemos el conocimiento técnico suficiente para tener un marco de comparación con organizaciones similares de otros países, que mostrando solvencia profesional ganaron el respeto y la consideración de la sociedad a que prestan servicio.
La fragilidad institucional no es garantía de eficiencia, como se está demostrando en las circunstancias actuales en nuestro país. El fortalecimiento de un órgano de seguridad del Estado como la Policía deviene en mejor prestación de servicio, enorgulleciendo a la sociedad a la que sirve, prestigiando y elevando la imagen del país y de su gobierno.
Casi todos los males derivados de la inseguridad son hoy día atribuidos a la ya muy golpeada Policía Nacional, cuya deteriorada imagen va en picada y a cuyos efectivos cada vez se los siente y se los ve menos motivados. No se analizan las causas de su actual ya endémica fragilidad estructural, para de allí aplicar recetas que la ayuden a erguir el tronco y sacudirse de sus mazmorras, sino que se la aplica inmisericordes latigazos que no hacen sino volverla cada vez más pálida y débil, postrándola casi en la impotencia.
Las causas de las debilidades las debemos buscar y están en el mismo cuerpo policial. Antes que ayudar a extirparlas o disminuir sus efectos perniciosos, quienes conocemos acerca de la administración de organismos de seguridad sabemos con certitud que tales causas son alimentadas y hasta fortalecidas por los pocos prolijos manejos políticos que de la institución se hizo desde las altas esferas de los gobiernos que se turnaron a partir de la implementación de la Policía Nacional en el año 1993. Y eso no lo decimos exclusivamente nosotros, constan en diagnósticos elaborados por organismos internacionales.
En toda esta etapa a ningún Comandante de la Policía se le permitió completar el período de 5 años de permanencia en el cargo que le acuerda la Ley; todos, quizás con raras excepciones, fueron relevados por razones políticas. En la todavía breve historia de la Policía Nacional, en reiteradas ocasiones, para ser favorecidos con el cargo de Comandante de la Policía un “amigo” o alguien “de confianza”, remesas enteras fueron enviadas a retiro, sin consideración alguna de méritos ni miramiento de los tremendos perjuicio a la institución y al pueblo, que son privados de que les sean revertidos el cúmulo de conocimientos y experiencias de Oficiales con alta preparación profesional, que costaron años de inversiones millonarias al Estado. Estas medidas gubernamentales irracionales y arbitrarias causaron y causan daños irreparables en la resentida estructura institucional, amén de hacer derramar gotas de lágrimas de impotencia en quienes conocemos las irreversibles consecuencias futuras de tan desacertadas e irresponsables medidas, como ahora lo estamos experimentando.
Estos manejos impidieron el desarrollo institucional en la búsqueda de la calidad del servicio. Al contrario, vinieron debilitándola a través de los años sistemáticamente, para convertirla hoy día en un organismo con escasa reacción, ineficiente, deficiente y baja credibilidad pública. Esto se produce justo en momentos en que la delincuencia toma formas más sofisticadas y agresivas, talvez alentada por la misma debilidad policial, haciendo que la seguridad ciudadana sea un tema cada vez más complejo, difícil y costoso, requiriendo combatirla alta preparación profesional de los responsables de hacerlo.
El editorial habla de que “Los grupos antagónicos … están empotrados en la más alta jerarquía de la oficialidad… nivel donde se producen las descalificaciones y una galopante corrupción”. Esa es la triste realidad, pues la institución está endémicamente enferma en la cabeza, por la descomposición sistemática de sus cuadros de Oficiales Superiores jerárquicamente organizados, como fruto de las inapropiadas medidas políticas aplicadas por los diferentes gobiernos en los más de 15 años de vida democrática en que vive el Paraguay.
Y debemos lastimosamente enfatizar, que la descomposición no se limita a la cabeza, pues el debilitamiento de ésta se proyecta al resto del cuerpo, al tronco y a las extremidades. Así, en los “niveles inferiores”, como el editorial menciona, hoy día con inusitada frecuencia vemos a efectivos policiales involucrados en hechos punibles, a veces inverosímiles, pero que de todo modo reflejan la realidad institucional.
La Policía paraguaya conforme a la Constitución es una “institución” y es “profesional” (Art. 175 C.N.). Se la debe respetar como tales y permitir su desarrollo en base a los criterios que su ley reglamentaria determina. Con los criterios con que siempre se la manejó y se quiere seguir manejándola, coincidimos con el editorial en que “La Policía Nacional no mejorará un ápice con más presupuesto, mejoras salariales y la entrega de helicópteros, camionetas modernas y mayor poder de fuego” y será necesariamente conducida hacia su “inevitable destrucción”.
El Presidente FERNANDO LUGO y el Ministro RAFAEL FILIZZOLA pueden tener y es seguro que tengan muy buenas intenciones, independientemente de sus ideologías o ideales políticos, pero es perfectamente comprensible que ellos carezcan del conocimiento y de la habilidad necesaria para imponer los criterios técnicos a una institución demasiado compleja, no sólo por la misión que se le asigna, sino por su misma organización jerárquica, dentro de un régimen de obediencia y no deliberancia, en que un pequeño manoseo, aun cuando tenga el silencio como respuesta, tiene un poderoso efecto negativo bumerán hacia su interior.
Ellos, si desean entregar al siguiente gobierno una Policía con cuanto menos cierta base para una proyección futura, deben decidirse “dar al César lo que es del César”, dictando ellos las políticas del Estado en lo que a seguridad concierne, disponiendo que la Policía las ejecute dentro del marco legal pertinente. Así lo instituye claramente la Ley No. 1337/99, que hasta hoy día muy poco se tuvo en cuenta, no obstante su rico contenido en organización y estrategias para el mejoramiento y la consecución de la seguridad ciudadana.
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