El PRIMER CONGRESO POLICIAL SOBRE SEGURIDAD PUBLICA tuvo lugar los días 13 y 14 de junio del 2002, en las instalaciones de la Dirección General de los Institutos Policiales de Enseñanza, con más de 200 participantes, entre Oficiales, Suboficiales y Funcionarios.
Fue convocado por el entonces Comandante SIXTO MAURO RAMIREZ, en circunstancia de tremendas crispaciones institucionales. Cuando el Congreso culminó, la crisis se había desinflado considerablemente y el Comandante ya ni siquiera prestó atención a los resultados.
El objetivo esencial del mismo era que un grupo representativo de todos los estamentos componentes de la institución, analice la situación por la que atraviesa la Policía Nacional y sugiera soluciones razonables al respecto.
Las EXPOSICIONES y los DEBATES fueron desarrollados en un excelente ambiente de camaradería, con demostración de elevada madurez y de amplio conocimiento y conciencia del delicado momento institucional.
Las CONCLUSIONES a que dicho Congreso arribó son:
SITUACION ACTUAL DE LA INSTITUCION:
1. Insuficiente cantidad de recursos humanos, con un promedio de 1,8 policías por cada mil habitantes, siendo la media mundial, para un servicio eficaz, de 4 policías por cada mil habitantes.
2. Inadecuada administración de los recursos humanos (cantidad mayor de la necesaria en funciones administrativas, asignación de gran cantidad de personal uniformado a dichas actividades en detrimento de los trabajos operativos, nombramiento de personal sin reunirse los requisitos de la idoneidad para las funciones a ser destinado, etc. etc.).
3. Falta de atención al cuadro de Suboficiales y al personal civil. Unos como otros deben ser adiestrados, estimulados y promocionados conforme a sus grados, categorías y pertinentes funciones específicas a cumplir.
4. Dispersión del personal en custodia de personas con reclusión domiciliaria por disposición de la Justicia Ordinaria.
5. Prebendarismo (designaciones digitadas, sin consideración de méritos, aptitudes, capacidades).
6. Excesiva carga horaria del personal operativo, que trabaja un promedio de 12 horas diarias, con incidencia negativa en su rendimiento y efectividad.
7. Carencia de un sistema de atención a la salud que dignifique al personal y su familia.
8. Desvalorización social de la función policial. En general, el policía es mal calificado y cuestionado por la generalidad de los ciudadanos.
9. Los frecuentes hechos delictivos en que se ven involucrados efectivos policiales últimamente, profundizan la desconfianza de la comunidad hacia su Policía.
10. Ante la ineficaz o inoportuna respuesta a los requerimientos ciudadanos, la comunidad no ve a su Policía como un factor que incremente la seguridad. La población considera que la Policía no es eficaz y no cumple su misión de prevenir el crimen y proteger a los ciudadanos. La comunidad espera mucho más de su Policía.
11. El policía no busca respaldo ciudadano en su labor. Entiende que el uso de la fuerza es el único recurso con que cuenta para hacer su trabajo. Los derechos humanos son entendidos como obstructores de la acción policial. El policía no comprende que la función principal de la institución es no solamente respetar los derechos humanos, sino garantizar su plena vigencia.
12. En la PN, en materia de relaciones con la comunidad, no existen políticas ni estrategias. Apenas se han dado iniciativas personales y aisladas en el terreno. En general, los miembros de la Institución no entienden el valor del relacionamiento con la comunidad y de las estrategias de policía comunitaria. Más aun, no las conocen.
13. La previsión del Reglamento Orgánico Funcional en cuanto a los Consejos Asesores Comunales, no es aplicada por la mayoría de las Comisarías. Dichos Consejos se constituyen en valiosos espacios de comunicación y coordinación con la comunidad. Desafortunadamente, los existentes sólo son utilizados para apoyar material y logísticamente a las dependencias policiales respectivas. Debe observarse que si bien este hecho refleja que las comunidades están conscientes de los pocos recursos con que cuenta la Institución, también propicia ciertos manejos no claros, ya que las donaciones en dinero o equipamientos no están sujetos a los controles normales, ni por parte de la comunidad ni del Estado.
14. Inadecuada infraestructura edilicia de las dependencias policiales, principalmente en el interior del país.
15. Insuficiente cantidad de vehículos automotores, combustibles, lubricantes, armamentos, municiones y equipos, con medios de comunicaciones (sistemas UHF, VHF y telefónico) totalmente obsoletos y vulnerables.
16. Impunidad institucional (silencio cómplice en casos de faltas a los deberes policiales o hechos de corrupción).
17. Carencia de un sistema de control efectivo de la conducta y de las actividades privadas del personal.
18. Concepto distorsionado de la disciplina (cumplimiento de disposiciones ilegales y antirreglamentarias emanadas de los Superiores).
19. Presión e instigación a personal subalterno, para logro de beneficios económicos por medios indebidos.
20. Selección deficitaria de ingresantes a los cuadros de la Institución.
21. Interferencias e influencias políticas en las decisiones y operaciones policiales, afectando incluso la carrera policial y alterando nombramientos, asignaciones o traslados.
SOLUCIONES SUGERIDAS:
1. Racionalizar y redistribuir los recursos humanos. Destinar la mayor parte del personal uniformado a funciones operativas y capacitar al personal civil para encargarse de los trabajos administrativos.
2. Elaboración e implementación del “Plan de Carrera” o “Reglamento de Destino” (acceso a los cargos por méritos, aptitudes, antigüedad), de manera a eliminar el padrinazgo, los contactos políticos, el amiguismo, el compadrazgo, etc.
3. En tanto se lleve a la práctica lo sugerido en el numeral “2”, numerar las dependencias por orden de importancia de uno al dos mil e implementar el acceso a las jefaturas de las mismas por estricta antigüedad, con excepción del Comandante y Subcomandante, cuya designación es de exclusiva potestad del Presidente de la República. El acceso a los cargos de este modo, propiciará que el personal cuide su conducta y se favorezca la disciplina.
4. Tercerizar la selección del personal ingresante a los institutos de formación (COLEPOL y Escuela de Suboficiales) y reglamentar el nombramiento de los funcionarios, en base a concurso de méritos y aptitudes, conforme a las necesidades del servicio, de tal modo a evitar las presiones o injerencias extrainstitucionales.
5. Implementar sistema de concurso de méritos de Profesores, para el acceso a la tarea docente, con miras a lograr la excelencia en la formación técnico – profesional del personal policial.
6. Elaborar e implementar un Reglamento para Servicios Extraordinarios (cobertura de eventos deportivos, sociales, de entes financieros, etc.).
7. Promover la capacitación y actualización permanente del personal.
8. Gestionar el incremento de los salarios, especialmente Suboficiales y personal civil, conforme a los años de servicio, tomando como parámetro el sueldo correspondiente al grado de Comisario. Tener en consideración que el bajo salario es un factor que propicia la corrupción y dificulta la incorporación de personal de calidad aceptable o de mejor nivel.
9. Racionalizar y humanizar los traslados y destinos del personal, conforme al “Reglamento de Destino” o “Plan de Carrera”, junto con una campaña de concienciación del personal, en el sentido de someterse a métodos de planificación familiar y a ejercer la paternidad en forma responsable.
10. Diseñar e implementar planes y programas de asistencia social y sanitaria, descentralizando la atención a la salud a través de la construcción y puesta en funcionamiento de centros asistenciales regionales o suscribiendo convenios con entidades privadas del ramo.
11. Diseñar y ejecutar un programa de relacionamiento con la comunidad para todo el país, en que estén previstos:
a) Creación de servicios de información pública sobre la función y las tareas policiales;
b) Realización de sondeos y encuestas de opinión, para medir y analizar las percepciones, tanto de la ciudadanía como de los componentes de la institución, en forma periódica;
c) Desarrollo de acciones tendientes a reafirmar la importancia de la prevención del delito, inculcando a la ciudadanía el principio de solidaridad y reforzando el concepto de la responsabilidad ciudadana en materia de seguridad, pudiendo mencionarse las actividades de información a través de los medios periodísticos (radial, escrito y televisivo), como así también distribución de folletos y proyección de películas, y los programas de educación cívica, poniendo énfasis en las precauciones ciudadanas para no ser víctimas de delitos y en el fortalecimiento de las llamadas medidas de autoprotección;
d) Promoción y asesoramiento de sistemas de acción policial de prevención y participación ciudadana, tales como las visitas programadas y periódicas a barrios, hogares, comisiones vecinales e instituciones educativas;
e) Supervisión y asesoramiento a través de las Comisarías en la creación y organización de comités de seguridad vecinal;
f) Divulgación de las funciones y actividades de auxilio realizadas por la Policía (Centro de Operaciones Policiales, Agrupación de Bomberos y otras dependencias);
g) Mayor aprovechamiento y fortalecimiento de la Biblioteca y de la Radio de la Policía, para dar participación más activa y directa a la ciudadanía en los temas de seguridad;
h) Mecanismos de control, seguimiento y evaluación de la ejecución del programa, a través de las Direcciones de Zonas.
12. En base al PROGRAMA a ser ejecutado a nivel nacional, formar y capacitar a los Jefes de Comisarías en su carácter de líder comunitario, para implementar adecuadamente los trabajos conjuntos con la comunidad.
13. Impulsar un verdadero proceso que permita cambiar la cultura institucional en la materia, formar personal y poner en práctica técnica de relacionamiento con la comunidad, tendiente a que el trabajo policial sea comprendido, reconocido, aceptado y valorado.
14. Promover la modificación de la Ley 222/93 Orgánica de la Policía Nacional, con el objetivo de posibilitar cambios estructurales destinados a una mejor prestación de servicio (creación de la Dirección General de Recursos Humanos y otras dependencias) y la modificación de los años de servicio para los ascensos, de tal modo que al grado de Comisario General se acceda a los treinta años de servicio cumplidos.
15. Facilitar el acceso del personal a estudios universitarios y crear la Universidad Privada Policial, con las Facultades de Derecho, Criminalística (ya existente) y Ciencias Policiales.
16. Cambiar el sistema educativo, en base a los siguientes lineamientos:
a) Admitir como Cadetes a profesionales egresados universitarios, que cursarán un año de estudio, de acuerdo a las necesidades del servicio y conforme al Reglamento.
b) Aumentar a dos años la etapa de formación de los Aspirantes a Suboficiales y dotarlos de infraestructura edilicia adecuada, mobiliario, insumos alimenticios y otros elementos necesarios para su formación.
c) Modificar el plan curricular del Colegio de Policía, incluyendo materias en las áreas de relaciones con la comunidad (en base al programa elaborado, a ser implementado en las Comisarías), comunicaciones, planificación y operaciones, administración de recursos humanos, informática avanzada, inteligencia y operaciones tácticas.
17. Gestionar que la Policía Nacional tenga facultad de control sobre el tráfico vehicular en las rutas nacionales e internacionales, como asimismo el control migratorio en todo el país, especialmente en las fronteras, aduanas y aeropuertos.
18. Realizar cursos de capacitación regional en el área jurídico - legal y mejorar el relacionamiento interinstitucional con el Ministerio Público.
19. Sugerir la modificación de algunos artículos del Código Penal, incluyendo la tipificación de las faltas y sanciones.
20. Solicitar la modificación de algunos artículos del Código Procesal Penal, en lo referente a:
a) Que los marginales reincidentes no sean beneficiados con la medida sustitutiva de prisión.
b) Los aprehendidos por hechos punibles graves por primera vez, que permanezcan por los menos tres meses en prisión para luego ser beneficiados con medidas sustitutivas.
21. Peticionar la modificación de la Ley que regula las manifestaciones públicas, incluyendo las sanciones a los infractores.
