Agradezco la
invitación y la oportunidad para escribir estas
reflexiones acerca de la
anárquica y a la vez angustiosa degradación a la que se halla sometida la aguerrida
Policía Nacional Paraguaya, institución a la que con orgullo pertenezco. Los meses de abril y mayo de este año habrá sido unos de los más negros
en sus pocos 20 años de existencia como tal.
La Policía paraguaya, aun antes de asumir su actual rol con
jurisdicción nacional, muy escasamente atrajo
la atención pública y política en lo que concierte a su fortalecimiento
y más eficiente funcionamiento. Y ello es hasta si se quiere
paradójico, por cuanto que ya en los
primeros tiempos de su nacimiento, por
el año 1843, el Presidente CARLOS ANTONIO LOPEZ
ya enfatizaba la importancia del rol institucional al reconocer y
expresar que “sin seguridad no hay
desarrollo”.
Existen sin embargo
explicaciones bastante razonables para tal desatención, la guerra genocida
contra la triple alianza que dejó al país en situación catastrófica, la del
Chaco contra Bolivia después, las varias revoluciones armadas y golpes de estado que retrasaron por años el
desarrollo nacional. A estos eventos que mantuvieron a la República
en situación de constante inestabilidad, habría que agregar la ausencia de conciencia ciudadana acerca de la importancia de la seguridad
para el desarrollo y bienestar de la nación, como la falta de habilidad en los
responsables de desarrollar tal conciencia.
Cabe en este
punto hacer referencia a expresiones del
Inspector General ® PASTOR MIERES, en la obra de su autoría: “HISTORIA DE LA POLICIA” (Pag. 27): “… en conocimiento de todos estos hechos y
acaeceres, pudo con justa razón expresar
en cierta ocasión un representante del gobierno nacional: “La Policía del Paraguay no
pudo en un siglo de existencia estar a la
altura de sus congéneres de América, tantas vicisitudes internas se
opusieron a su progreso”. A lo que nosotros, muy conformes con esta opinión,
agregamos que no sólo las internas motivaron su retraso, sino también las
externas: dos guerras internacionales en las que la Policía no rehusó su presencia, al contrario, integró
las filas del ejército con toda altivez y patriotismo en defensa de la patria”.
El inicio de la que
podemos denominar “etapa democrática” parecía
alentador para el pueblo paraguayo, imperativamente necesitado
de adecuadas garantías para su pleno
desarrollo con los nuevos vientos de libertad que comenzaban a soplar. El
artículo 175 de la
Constitución de la República la elevaba a rango nacional, que
magistralmente fundamentado por el Convencional
Constituyente OSCAR PACCIELO (+) en el año 1992, reflejaba en ese momento la necesidad de una institución de seguridad
moderna que marche en paralelo con las conquistas democráticas a que se estaba
dando inicio.
El insigne Profesor
PACCIELO expresaba en aquella memorable
ocasión que “…al consagrar una transformación radical del estado paraguayo, al que lo
calificamos como estado democrático de derecho, está dicho que también debemos
eliminar de la faz de la tierra paraguaya, esa imagen sórdida, siniestra y miserable que tenían los organismos de
seguridad. Por eso, Ciudadano Presidente, estamos creando, a través de la
propuesta de la comisión redactora, un
organismo técnico altamente calificado, que no puede estar si no al servicio de la democracia”;
agregando que “…a ese organismo con
carácter nacional, que va a permitir la desaparición de nuestras campiñas de
los temidos sargentos de compañía y alguna gendarmería y alcaldía miserable,
estamos nosotros confiando las funciones normales de todo el cuerpo policial,
cuales son la preservación del orden publico establecido en la Ley, tarea no
menuda, pero que debe ser cumplida con solvencia
y calificación profesional y técnica. No es cualquiera el que puede ser
policía, y eso debe quedar bien en claro. Por eso nosotros ponemos que el mando
de la policía nacional será ejercido por un oficial superior de su cuadro
permanente. No puede ser un improvisado, sea el gremio profesional que fuere,
ni un abogado, ni un militar, ni nadie; solamente un policía y un policía de
carrera”. (Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente de
1992).
Esos ideales
forjados y expresados entonces por el
insigne Profesor OSCAR PACIELO, se patentizaron en dos palabras
sustantivamente importantes con que comienza la redacción del ya mencionado
Artículo 175, que son “INSTITUCION”
y “PROFESIONAL”. Sin desperdiciar tiempo
en explicar sus significaciones etimológicas e implicancias en lo que concierne
a organización, formación y
desarrollo intelectual – profesional, preguntaría tan solo si los
Presidentes de la República, los Ministros del Interior y los Comandantes de la
Policía que se sucedieron en los 20 años de existencia institucional, algo hicieron para que se cumpla la orden
clara y precisas impartidas por el pueblo paraguayo a través de la Constitución
de la República sancionada y promulgada en 1992.
La respuesta
sería que evidentemente no hicieron lo
suficiente o hicieron muy poco o casi nada. Aquella “… imagen sórdida, siniestra y
miserable…” de que hablaba en pretérito OSCAR PACIELLO sigue siendo
lacerante realidad. Y la “… solvencia y calificación profesional y
técnico…” de que él también habló refiriéndose a la nueva institución
creada, aun cuanto se puede y se debe
señalar importantes conquistas, en su mayor parte sigue siendo una
soñada utopía y una deuda pendiente con el pueblo paraguayo. Como un categórico
ejemplo de esto último podemos mencionar el caso editorializado en estos
días por el Diario “ABC COLOR”, en que
ante las presiones de un influyente
político oficialista, un alto jefe de la cúpula policial aseveró: “… de ahora en más vamos a analizar las
órdenes judiciales para cumplirlas”.
La Policía Nacional es la institución mejor atendida en
recursos materiales y medios durante este gobierno.
Para el común del
pueblo, desinteresado en conocer los pormenores del manejo de un organismo de seguridad, pero que
sí en usufructo de su legítimo derecho
está siendo informado a diario de las multimillonarias inversiones en la
Policía Nacional, en aras a recibir los
beneficios de un buen servicio que le garantice adecuadamente su
desenvolvimiento cotidiano como ciudadano, no hay explicación de cuanto está
aconteciendo con su Policía. Ésta, en
estos últimos 4 años, paralelamente a su
crecimiento en tecnología y medios materiales, está experimentando una patente degradación
moral, profesional y mística.
Hoy la Policía no
solamente cuenta con tecnología de punta en equipos de informática que le permite ejercitar controles bastante eficaces en las vías
públicas más concurridas de las principales ciudades, sino con modernos vehículos patrulleros hasta en
las reparticiones más alejadas
de los confines de la República. Y no solamente eso, hasta cuenta con
modernos impresionantes helicópteros surcando los aires nacionales. Ni hablar
de los modernos y novedosos equipamientos adquiridos y que están siendo empleados en los
diferentes operativos.
Coincidimos con un editorial del Diario “ABC COLOR”,
titulado “ESCANDALOSO CHOQUE DE OSCUROS INTERESES EN LA POLICIA NACIONAL”, en que se
afirmaba que “… la Policía Nacional no
mejorará un ápice con más presupuesto, mejoras salariales y la entrega de helicópteros,
camionetas modernas y mayor poder de fuego” y será necesariamente conducida
hacia su “inevitable destrucción”. Y
coincidimos con el editorial porque los hechos lo demuestran fehacientemente.
No obstante las finas atenciones en recursos, tecnologías y presupuestos, no
existe percepción de mejoramiento del servicio. Al contrario, pareciera
que la prestación de ese servicio está
recorriendo el camino del empeoramiento.
El gobierno del Presidente FERNANDO
LUGO puede tener y es seguro que
tenga muy buenas intenciones en lo que
concierne al mejoramiento de la seguridad
y de la institución que recibió
en condiciones bastante deplorables. Sin embargo, evidentemente carece del conocimiento y de la habilidad necesaria, como del adecuado
asesoramiento, para imponer los
criterios técnicos a una institución demasiado compleja. Es compleja no sólo por la misión
que se le asigna, sino por su misma organización jerárquica dentro de un
régimen de obediencia y no deliberancia,
en que un pequeño manoseo, aun cuando tenga el silencio como respuesta,
tiene un poderoso efecto negativo
bumerán hacia su interior.
La endémica enfermedad de la Policía Nacional: Su
debilidad estructural a partir de la
cúpula.
La situación que
atraviesa la institución guardiana de la seguridad ciudadana naturalmente
preocupa a todos los paraguayos de bien. Es
y debe ser así, pues
verdaderamente la Policía está lejos de adaptarse a las nuevas circunstancias sociales
y políticas del cambiante mundo, en que
se enfatizan el
reconocimiento, el respeto y garantía de
los derechos fundamentales del hombre,
entre ellos la vida, la libertad, la seguridad, lo que
está clara y sabiamente expresado en el Art 9 De la C.N.: “toda persona tiene derecho a ser protegida
en su libertad y en su seguridad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no
ordena ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Pero más nos
preocupa, nos acongoja y nos hace lanzar
a veces gritos de impotencia a quienes
conocemos el interior institucional, tenemos la experiencia y los conocimientos técnicos necesarios para
determinar un marco de
comparación con organizaciones similares
de otros países, que mostrando solvencia profesional ganaron
el respeto y la consideración de la sociedad a que prestan servicio.
La fragilidad de una organización no es
garantía de eficiencia, como se
está demostrando en las circunstancias actuales. La fortaleza sí lo es,
ella garantizaría la buena prestación de servicio, convertiría a
la institución en orgullo de la sociedad a la que sirva, prestigiando y
elevando la imagen del país y de su gobierno. El fortalecimiento de un órgano
de seguridad del Estado como la
Policía no pasa exclusivamente por dotarla de modernos y sofisticados equipamientos, sino especialmente por potenciar su
estructura, su organización, con énfasis en
sus recursos humanos.
Casi todos los
males derivados de la inseguridad son hoy día
atribuidos a la ya muy golpeada
Policía Nacional. La deteriorada imagen de ésta va en picada. A sus efectivos cada
vez se los siente y se los ve menos motivados y más desmoralizados, carentes de
mística institucional y en un marco de elevada falta de confianza en sus
superiores naturales. Esto que por sí adquieres ribetes de alta gravedad en un
organismo no deliberante y obediente, en
que el personal está privado de expresar
públicamente sus inquietudes y disconformidades. No se
analizan las causas de su actual ya endémica fragilidad
estructural, para de allí aplicar
recetas que la ayuden a erguir el tronco y sacudirse de sus
mazmorras, sino que se la
aplica inmisericordes latigazos
que no hacen sino volverla cada vez más
pálida y débil, postrándola casi en la
impotencia.
Las causas de las
debilidades las debemos buscar y están en el mismo cuerpo policial. Antes que
ayudar a extirparlas o disminuir sus efectos perniciosos, quienes conocemos acerca de la administración de organismos de seguridad sabemos con certitud que tales
causas son alimentadas y hasta fortalecidas por los pocos prolijos manejos
políticos que de la institución se hizo
desde las altas esferas de los gobiernos que se turnaron a partir de la
implementación de la Policía Nacional
en el año 1993. Y eso no lo decimos exclusivamente nosotros, constan en
diagnósticos elaborados por organismos internacionales.
En los 20 años de
existencia de la Policía Nacional a
ningún Comandante de la Policía ni a los demás componentes del Cuadro de
Oficiales Comisarios Generales se les
permitió completar el período de 5 años de permanencia en el cargo al primero
y de 3 años acordado a los demás (Art. 116 y 117 de la Ley No.
222/93). Todos, quizás con raras
excepciones, si es que las hay, fueron relevados por razones políticas. Uno de
los diagnósticos internacionales se
refieren a este fenómeno con la
expresión: “altísima
rotación”, agregando que a ello se debe que “La
inestabilidad institucional es la regla y no la excepción”.
Para los profanos
en la administración de un organismo de seguridad del Estado lo expresado posiblemente muy
poco dice. Pero para quienes conocemos
de su manejo, sabemos y vemos las
evidencias de los tremendos efectos negativos de aquellos manejos muy pocos
prolijos. En primer lugar las cúpulas institucionales casi nunca tuvieron el tiempo suficiente para elaborar, madurar y desarrollar planes concretos. En segundo
lugar es prioritario para quienes llegan
a esa cúpula buscar
vías para ganarse la simpatía de quienes detentan el poder político. Lo hacen
frecuentemente en detrimento del cumplimiento del deber legal, en busca de
mantenerse en el cargo el mayor tiempo posible, conscientes de que el
desempeño prolijo y la eficiencia no constituyen garantías de continuidad y permanencia en los cargos.
Y no entramos en detalles respecto que a partir del gobierno de LUIS ANGEL
GONZALEZ MACCHI, con WALTER BOWER como Ministro del Interior, la Policía
Nacional de hecho prácticamente perdió su autonomía funcional, técnica y operativa en los términos de la
Constitución Nacional y su Ley No. 222/93.
Cabe aquí un
valioso comentario de ARTURO BRAY, en su obra “Militares y Civiles”, que aun
cuanto se refiere a las Fuerzas Armadas, tiene total validez en el ámbito
policial, por ser ambas partes de la Fuerza Pública y enmarcarse dentro del
marco de la “obediencia y no deliberancia”. Dice este insigne escritor: “… el agente provocador suele ser el propio
gobierno, al socavar la moral y la disciplina… contribuyendo con ello a su
deterioro y desintegración. Inconcebible parece, de primera intención, que sean
los gobernantes, quienes se propongan –deliberada o inconscientemente- eliminar a la institución que constituye su
principal, cuando no su único sostén, pero la realidad es esa en más de un caso
concreto. Se dan instancias de titulados estadistas que, tal vez sin
proponérselo, quiebran la disciplina…, provocando fisuras en la cohesión de sus
cuadros al colocar una bomba de tiempo en la contextura de la moral militar:
confieren ascensos a los menos aptos, postergando a jefes y oficiales
meritísimos, confían destinos de
responsabilidad a notorias nulidades profesionales, y en una palabra, se
empeñan en “triturar” a la institución…”.
No es casual que la
cabeza sea la parte mejor protegida del
ser humano y por ello su contenido, el
cerebro, el que menos se mueve.
Sabemos que un pequeño mareo, una
pequeña debilidad, hasta incluso una imperceptible afección del cerebro, repercute en todo el cuerpo, pudiendo
hacer perder el habla, algunos sentidos
o hasta hacerlo trastrabillar, incluso
desmoronarlo completamente al cuerpo.
Lo que sucede con
la cúpula (cabeza) policial no es
diferente al ejemplo precitado. En estos
20 años la cúpula institucional llegó a un debilitamiento extremo. Los sistemas
de controles internos no funcionan. El manejo de los recursos humanos, por
tanto, se vuelve anárquico, casi
caótico. El resultado es todo cuanto está aconteciendo. No pasa casi un día
sin ver a través de los medios de
comunicación que un funcionario policial está involucrado en actividad
delictiva.
Lo que aquí
llamamos, por darle un nombre, “los pocos
prolijos manejos” o lo que un
diagnóstico internacional denomina “altísima rotación” o lo que ARTURO BRAY
llama “socavar la moral y la disciplina”,
impidieron el desarrollo institucional en la búsqueda de la calidad del
servicio. Al contrario, vinieron debilitándola sistemática y progresivamente a
través de los años, para convertirla hoy día en un organismo muy desmoralizado,
con escasa reacción, ineficiente y por sobre todo muy baja
credibilidad pública. Esto se produce justo en momentos en que la
delincuencia toma formas más sofisticadas y agresivas, tal vez alentada por la
misma debilidad policial, haciendo
que la cuestión referida a la
preservación de la seguridad ciudadana sea un tema cada vez más compleja,
difícil y costosa, requiriendo para prevenirla y combatirla, no solamente alta preparación profesional
de los responsables de hacerlo, sino una elevada moral, mística,
honestidad y sobrada vocación de
servicio.
La reiterada, inefable y repetitiva receta llamada
“depuración”:
Cuantas
“depuraciones” ya hubo en la Policía Nacional Paraguaya. Desde su creación, en
ocasiones dos veces en un año, se depuran sus cuadros dando profusa difusión a las medidas más bien
mediáticas profusa, como si fuera una solución a todos los males de
inseguridad.
Las cosas no
terminan allí. En la todavía breve historia de la Policía Nacional, en
reiteradas ocasiones, para ser favorecidos con el cargo de Comandante de la
Policía un “amigo”, ahijado, compadre o
alguien “de confianza” (no hace falta
que tenga demasiada solvencia intelectual ni preparación profesional), con el justificativo de que sus integrantes
están “contaminados” y el “mensaje” de que con ello se está combatiendo
frontalmente la corrupción y se busca la eficiencia institucional, remesas enteras fueron enviadas a retiro,
sin consideración alguna de méritos ni
miramiento de los tremendos perjuicios a la institución y en especial al
pueblo, que al fin y al cabo es el perjudicado, al ser privado de que le sea revertido el cúmulo de conocimientos y
experiencias de Oficiales con alta preparación profesional
que costaron años de inversiones millonarias al Estado.
Estas medidas
gubernamentales han contribuido en estos 20 años a limpiar la institución de
corruptos?, han ayudado a potenciar el
desempeño institucional?, han sido medidas adecuadas para llevar adelante el
necesario y cada vez más imprescindible racionalización en el empleo de los
recursos humanos?, han sido medidas que
hicieron crecer la confianza y credibilidad públicas en la Policía Nacional?,
han contribuido a mejorar la imagen de seguridad que el país irradia en el exterior?,
han constituido aportes para ubicar a los gobiernos de la “transición
democrática” en una imagen de efectivo y real
deseo de buscar brindar un mayor y mejor marco de seguridad ciudadana a
la República?. No hace falta hacer mención a la respuesta, ella es obvia.
Es cierto, es
absolutamente natural, eso ocurre en cualquier institución del mundo y en
cualquier empresa, que se desprenda de
sus elementos indeseables. Para ello al fin y al cabo existen en el ámbito
policial las herramientas legales y las reparticiones cuyas responsabilidades
se enmarcan en la misión de investigar las faltas a los deberes policiales,
juzgarlas y aplicar las sanciones que correspondan. Y es también natural, que
en cualquier empresa o institución, sean jubilados o pasados a retiro aquellos
que hayan cumplido con el tiempo y demás requisitos legales exigidos. Pero en
el caso de una fuerza de seguridad, se lo debe hacer con la debida normalidad y la mayor
racionalidad posible, de modo a evitar
el debilitamiento de la cabeza y por añadidura del cuerpo entero, situación real y patética con
la que confrontamos en la actualidad. Aquí debieran primar los intereses generales de la nación
relacionadas con la imperativa necesidad de
preservar la integridad y
fortaleza institucionales, que deben estar siempre por encima de los intereses
particulares, sectoriales y hasta políticos partidarios circunstanciales.
Los rigores
mediáticos, circunstanciales, arbitrarios y carentes de toda racionalidad,
en ocasiones hasta en condiciones de paranoia política, con que los diferentes
gobiernos en estos 20 años encararon los pases a retiro causaron y causan daños
demasiado graves en la resentida estructura institucional, amén de
hacer derramar gotas de lágrimas de impotencia en quienes conocemos las funestas consecuencias futuras de tan
desacertadas e irresponsables medidas. Esas consecuencias las estamos
experimentando y sufriendo en la actualidad los ciudadanos comunes, con los
hechos de inseguridad de que a diario somos testigos y víctimas.
Revertir la situación
es responsabilidad de todos, por aquello de que
“la soberanía reside en el pueblo”, pero la voluntad y las acciones hacia ese
objetivo deben generarse esencialmente
en el poder político, que debe de una
vez por todas dejar de lado las rencillas por intereses particulares, sectoriales o partidarios, para centrar sus
energías en los intereses generales de la nación.
Conclusión:
Varios son los
factores que conjunta o separadamente en
los 20 años de su existencia condujeron
a la Policía Nacional a la actual
situación. Esos factores no son inventos coyunturales o caprichosos. Varios
diagnósticos elaborados por organismos y expertos internacionales se refieren a
ellos. También se refiere a esos
factores el resultado del PRIMER CONGRESO POLICIAL SOBRE SEGURIDAD
PUBLICA que tuvo lugar los días 13 y 14
de junio del 2002, en las instalaciones del Instituto Superior de
Educación Policial, con participación de más de 200 Oficiales, Suboficiales y Funcionarios de la
institución.
Esos documentos deben
obrar en los archivos de la Policía Nacional o en los de algunos de los
organismos del Estado. Quizás estén un
poco desfasados y habría que actualizarlos, pero se los podría considerar a los
efectos de dar inicio a un proceso serio, meticuloso, responsable y no de mera fachada con fines mediáticos.
Ellos hablan de lo
que podríamos llamar “enfermedades” institucionales y dan las
“recetas” para su curación, que ningún gobierno hasta hoy las aplicó, por razones que se ignoran. Algunos dicen que
lo que en la institución policial acontece no es sino reflejo de lo que en el
país ocurre y que, por lo tanto, su
solución es parte del todo. Aquellos
tendrían razón, pero tendrían que percibir que la seguridad es un asunto de vital importancia,
muy sensible, que tiene desafíos pendientes, con un futuro no muy
promisor, al observar tan solo la
actual intensiva descomposición del tejido social paraguayo y la sofisticación
del delito, que asume cada vez más
renovadas y agresivas formas, sin respetar clases sociales ni las fronteras de
los países. Y no está por demás repetir lo que
CARLOS ANTONIO LOPEZ ya dijo hace
más de un siglo: “SIN SEGURIDAD NO HAY DESARROLLO”.
